Pável Dúrov, cofundador de Telegram, ha sido imputado y puesto bajo supervisión judicial, con la condición de pagar una fianza de 5 millones de euros, además se le ordenó presentarse dos veces por semana en la comisaría de Policía y tiene prohibido salir de Francia.
La supervisión judicial podría durar años, analizó el abogado francés David Libeskind, entrevistado por Sputnik. También puede seguir trabajando y, con autorización judicial, salir temporalmente de Francia.
«La supervisión puede continuar hasta que termine la investigación que realiza el juez de instrucción. Por lo general, en Francia las investigaciones penales duran tres o cuatro años, no hay plazo máximo», explicó Libeskind.
El CEO de Telegram puede seguir trabajando, ya que la supervisión judicial no implica restricciones al uso de Internet, computadoras o celulares, aseguró Libeskind.
Dúrov, de 39 años, fue detenido el 24 de agosto tras bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, a donde llegó desde Azerbaiyán. Sobre él pesaba una orden de búsqueda emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal francesa sobre la base de una investigación preliminar.
El multimillonario nacido en Rusia Pavel Durov creó la aplicación de mensajería instantánea en 2013, prometiendo no utilizar la información de sus usuarios con fines comerciales y proteger su confidencialidad a través de la encriptación.
El Kremlin ha apuntado a una posible motivación política y reafirmó que Durov sigue siendo un ciudadano ruso, según reseñó AFP.
«Durov aún sigue siendo ciudadano ruso, y en cuanto a la obtención (por él) la ciudadanía francesa, aquí no sabemos nada, no es asunto nuestro», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, el jueves, y agregó que el magnate «tiene todo lo necesario para organizar su defensa legal -y agregó- lo importante es que lo que está ocurriendo en Francia no se convierta en una persecución política».
Emmanuel Macron, presidente de Francia, al resecto aseguró que la detención del CEO «no es en absoluto una decisión política».
«Corresponde a los jueces decidir», expresó Macron en un mensaje en X, en el que reiteró que es el sistema judicial el encargado de hacer cumplir la ley «con toda independencia».